Trump busca reducir la dependencia de los minerales críticos de China

Agilizaría los permisos para las empresas que inviertan más de US$ 1.000 millones.

25 diciembre, 2024

Los asesores del presidente entrante de Estados Unidos, Donald Trump, le recomiendan que renuncie a las revisiones medioambientales de los proyectos de minerales críticos financiados con fondos federales para impulsar la producción nacional de materiales utilizados en vehículos eléctricos, electrónica y armas, según un documento visto por Reuters.

La implementación reflejaría un cambio importante en la forma en que Washington revisa las minas propuestas en tierras federales. Tiene como objetivo garantizar que los proyectos que reciben préstamos, subvenciones u otro tipo de apoyo gubernamental puedan ayudar a Estados Unidos a reducir la dependencia de China, el mayor minero y procesador de litio, cobalto y otros minerales críticos del mundo.

Los especialistas, encargados por el equipo de transición de Trump de desarrollar ideas políticas en torno a las cadenas de suministro de vehículos eléctricos, instaron al electo presidente a renunciar a los requisitos de la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) para acelerar la concesión de permisos y revisiones de construcción para la producción de minerales críticos, baterías e imanes, de acuerdo al documento.

La NEPA se aplica a proyectos en terrenos federales. Jason Miller, un asesor principal de la transición, dijo que Trump no ha indicado su postura sobre el tema y señaló que las recomendaciones provienen de “personas ajenas que no tienen ningún papel en el trazado de la política de la administración”.

El presidente que asumirá el 20 de enero, prometió a menudo en campaña recortar lo que considera extralimitaciones burocráticas. La semana pasada, dijo que agilizaría los permisos para cualquier empresa que invirtiera más de US$ 1.000 millones en Estados Unidos.

La mayoría de las minas propuestas cuestan más que eso. Promulgada por primera vez en 1970, la NEPA es la ley ambiental fundamental de Estados Unidos, que exige la revisión de los grandes proyectos que reciben permisos o financiación federales. La ley puede implicar la revisión de numerosas agencias federales y no está supervisada por ninguna oficina o funcionario, lo que aumenta su complejidad.

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